Faasa, una de las compañías involucradas, emitió este lunes un comunicado donde califica como "injustificados" los cuestionamientos. "La empresa cumple con todas las exigencias aeronáuticas dispuestas por la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) y con todos los requisitos legales exigidos por las autoridades chilenas para desarrollar libremente su actividad, tanto con empresas públicas como privadas que requieran sus servicios", indicó.
Asimismo, la empresa aseguró que "cada vez que ha participado en una licitación publica, ha cumplido rigurosa y transparentemente con los requerimientos y filtros exigidos por el Estado a través de ChileCompra, dentro de los plazos determinados por ley y respondiendo satisfactoriamente a todas las condiciones planteadas en sus distintos contratos".
"Resultan injustificadas por lo tanto las insinuaciones de que la participación de la empresa en distintas emergencias puedan obedecer a motivos diferentes a consideraciones técnicas. Hoy Faasa Chile mantiene sólo un contrato vigente con Conaf, que pasó por todo el proceso regulatorio vigente", recalcó Faasa.
Finalmente, la empresa asegura que facilitará toda la información pertinente en la investigación que lidera la fiscal Ximena Chong, donde se ingadan posibles delitos de "negociación incompatible, cohecho y cohecho de funcionario público extranjero".
Una de las primeras diligencias de la Fiscalía se realizaron el pasado viernes, cuando personal de la PDI acudió a oficinas de la Onemi y Conaf para revisar y retirar documentación relacionada a los contratos con las empresas cuestionadas, que son -además de Faasa- Inaer y Martínez Ridao.
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