La persecutora explicó que esta diligencia, en que se incautaron documentos contables de los años 2012 a 2015, se realizó debido a que había un acuerdo para que la empresa entregara voluntariamente la información, el que no fue respetado por la firma, por lo que solicitó la orden de allanamiento al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Al respecto, la fiscal Chong explicó que "más que una demora, nosotros no recibimos una respuesta satisfactoria en términos de una entrega voluntaria, como había ocurrido con la primera entrega de información, y en razón de ello y otros antecedentes le expusimos al juez de garantía, quien autorizó la diligencia que se ejecutó".
La fiscal también afirmó que la carpeta investigativa no contempla los antecedentes sobre los eventuales aportes de la constructora brasileña a la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.
"Nosotros esa información no la tenemos incorporada a la carpeta de investigación formalmente, nosotros no nos hacemos cargo de informaciones de prensa, nosotros seguimos trabajando de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado hasta la fecha y sobre el detalle de la diligencia y la orientación de las mismas no podemos señalar más detalles", precisó.
En esta indagatoria se investiga presuntos delitos tributarios, fraude de subvenciones electorales e infracción a la Ley de Donaciones ligados al uso de un avión privado perteneciente a la empresa brasileña por Marco Enríquez-Ominami durante su campaña presidencial de 2013.
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