#CasoPenta: Se mantiene prisión preventiva para controladores de Penta y se revoca sólo para Bravo y Castr

Pese a tener un accidentado inicio debido a que se recusó dos veces a los abogado integrantes propuestos -lo que casi llevó a suspender la audiencia- este sábado en la mañana comenzó la revisión de las apelaciones de los 6 imputados en el caso Penta que recibieron medidas cautelares de prisión preventiva.
Recordemos que a los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; el ex gerente general del grupo, Hugo Bravo; el gerente de contabilidad, Marcos Castro Sanguinetti; el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; y el ex fiscalizador del SII, Iván Álvarez, se les decretó la medida de prisión preventiva durante los 4 meses que se extienda la investigación, reclusión que cumplen en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
Aunque el inicio de la audiencia había sido fijado para las 8:30 de la mañana, existían dudas incluso sobre su realización, considerando que ya se había anunciado la recusación de la abogada integrante de la sala, Claudia Chaimovich, debido a su antigua militancia en el Partido Socialista.
Efectivamente, Chaimovich fue dejada fuera de la sala que componen los ministros Juan Escobar y Alfredo Pfeiffer, tras lo cual la abogada María Cecilia Ramírez también fue recusado. Sólo en última instancia, el abogado integrante Mauricio Decap no pudo ser objetado por las partes, con lo cual se procedió al inicio de la audiencia.
En tanto, trascendió que por parte de los querellantes no intervendrá el fiscal nacional, Sabás Chahuán, sino directamente el fiscal Carlos Gajardo, quien ha llevado la investigación del caso desde sus inicios.
Abogados defensores intentan revertir prisión preventiva para sus defendidos
Con sólo 10 minutos de intervención por cada uno de los imputados, las defensas de los actuales internos de Capitán Yéber juegan sus últimas cartas para lograr revertir la prisión preventiva en contra de sus representados, o al menos cambiarlas por arresto domiciliario.
En el caso de Carlos Alberto Délano, su defensa se centró en la trayectoria del empresario, aduciendo incluso su participación en obras benéficas, como haber formado parte del directorio de la Fundación Teletón. Esto, a juicio de los abogados, contradice el hecho de que sea considerado un peligro para la sociedad.
Respecto de Hugo Bravo, su defensora, Catherine Lathrop, esgrimió dos causales para lograr la libertad de su defendido: su precario estado de salud, el que sería incompatible con su calidad de “peligro para la sociedad”; y por otro lado el hecho de que su colaboración en la investigación fue inestimable en la obtención de datos que permitieran el resto de las formalizaciones.
Finalmente, sobre el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, su abogado reconoció que por la cantidad y gravedad de delitos que se le imputan -incluído el cohecho- es preciso otorgarle una medida cautelar, sin embargo pidió que esta sea cambiada a arresto domiciliario total.
Querellantes reiteran necesidad de aplicar el rigor de la ley sobre los imputados
Tras las presentaciones de los defensores, los querellantes presentaron sus argumentos sobre sostener la medida de prisión preventiva en contra de los 6 imputados. Incluso, en el caso de Manuel Antonio Tocornal, se pidió aumentar su cautelar desde el arresto domiciliario total, a prisión preventiva.
Una de las alocuciones más importantes la tuvo el fiscal Carlos Gajardo, quien criticó el intento de la defensa de culpar a la “mediatización” del caso por parte de la prensa, como factor para ordenar la prisión preventiva de los imputados.
“La fiscalía sólo ha hablado en audiencias. Es la defensa la que se ha paseado por los distintos canales y medios de prensa. Parece que la defensa olvida la gravedad de los hechos que se le imputan a sus representados”, retrucó Gajardo.
De la misma forma, el fiscal recordó que “nunca antes” se había tratado un caso con semejante número de delitos cometidos de forma secuencial, considerando la gran cantidad de boletas y documentos emitidos con el fin de evadir tributos o financiar campañas.
Precisamente sobre este punto, Gajardo tuvo duras palabras. “Nadie pensaba el nivel de relación entre los controladores de este grupo y determinados políticos”, fue su sentencia.
Sigue el transcurso de la audiencia a través del streaming del Poder Judicial